MINSK, 9 ene (BelTA). – En Belarús se han ajustado los procedimientos administrativos teniendo en cuenta su aplicación práctica, así como los cambios en la legislación. El 9 de enero, el Jefe de Estado Aleksandr Lukashenko firmó el decreto nº 5 “Sobre la modificación de los decretos del Presidente de la República de Belarús en materia de procedimientos administrativos”, dieron a conocer a BelTA las fuentes de información oficiales del líder belaruso.
El documento tiene como objetivo reducir la carga administrativa de los ciudadanos y optimizar y simplificar un número considerable de procedimientos. Los cambios se han introducido de forma integral y teniendo en cuenta las propuestas del público y de un gran número de organismos y organizaciones interesados.
En particular, para comodidad de los ciudadanos, se reduce el número de documentos solicitados en más de 100 procedimientos administrativos. Por ejemplo, al presentar los documentos que acreditan el pago de una serie de procedimientos, se utilizarán más plenamente las posibilidades del sistema ERIP. Una parte significativa de datos será solicitada por los organismos estatales de forma independiente. Se excluyen los procedimientos que han perdido su relevancia, en particular como consecuencia de la automatización de la interacción entre los organismos estatales. Así, se elimina la necesidad de que los padres obtengan certificados relacionados con la provisión de viajes para sus hijos con cargo al presupuesto. La información correspondiente se solicitará automáticamente al sistema único de registro de estos niños del Centro Republicano de Saneamiento y Tratamiento Sanatorio.
Además, se reducen los plazos de ejecución de una serie de procedimientos administrativos. En particular, se reduce de un mes a 20 días naturales el plazo para la expedición del acta firmada de verificación de la conservación de las obras en proceso.
Al mismo tiempo, se establecen nuevos procedimientos administrativos para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos. Por ejemplo, se trata de obtener el consentimiento de la autoridad tutelar para la enajenación de una vivienda en interés de un menor que se encuentra bajo la tutela del Estado.
Con el fin de reforzar la protección jurídica de los ciudadanos, se introducen documentos adicionales para la realización de determinados procedimientos. Por ejemplo, para las transacciones con registro estatal de bienes inmuebles que dan lugar al derecho de condominio de matrimonio.-0-
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